«FEDERALISMO Y JUDICIALIZACIÓN
DE EXPEDIENTES POLÍTICOS»

Dr. Jorge A. Lera Mejía

La semana pasada el poder judicial se vió opacado, primero por la ‘no ampliación del mandato’ del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar.

Dicha posibilidad de ampliación ya tenía cinco meses discutiéndose, por ser un acto eminentemente inconstitucional. Siendo más un capricho expreso que buscaba ampliar por dos años más el mando como una jugada previa a la búsqueda de una especie de ‘reelección’ a modo.

Por otro lado, también trascendió que los ministros del segundo poder judicial más importante del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, votaron unánimemente para destituir al ministro José Luis Vargas como presidente del mismo. Siendo igualmente, un ministro confiable al régimen político del ejecutivo que ya venía siendo muy cuestionado por indisciplina y ahora incluso, investigado por la UIF por lavado de dinero.

Esto nos hace recordar otro episodio politizado de intento de ampliación de mandato, cuando el gobernador actual de Baja California intentaba ampliar el mandato por el que fue electo, en un paisaje conocido como ‘Ley Bonilla’. En ese evento, la propia SJCN intervino para declarar inconstitucional dicho intento fallido.

Por todo ello, la SCJN ahora está obligada a agilizar expedientes políticos pendientes que tienen que ver con asuntos relacionados con gobiernos estatales, el Pacto Federal y el Federalismo.

Me refiero a asuntos como el intento de desafuero y orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, que es discutido desde el mes de mayo y hoy está en manos del pleno de la SCJN.

Asimismo, la semana pasada se dio a conocer que los diputados federales de Morena, están gestionando un juicio político contra el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, bajo el pretexto de Traición a la Patria, siendo que dicho gobernador está solicitando que se investigue por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones del estado.

Además, se sabe que los legisladores citados buscan hacer lo mismo con dos dirigentes del Instituto Nacional Electoral (INE). Todo ello son muestras de jugadas políticas tratando de bajar el nivel de oposición de adversarios al régimen del ejecutivo.

Por las presiones que se han estado presentando recientemente, ayer los dirigentes legislativos de los partidos de oposición, encabezados por el PAN, están solicitando que la SCJN intervenga para agilizar la respuesta del proceso enrarecido en el caso del gobernador de Tamaulipas.

Ayer lunes, los Senadores del PAN urgieron a la Suprema Corte una resolución en el caso Cabeza de Vaca. De acuerdo con los funcionarios, desde la Cámara de Diputados y la FGR han caído en “intentos de invadir el ámbito de competencia local y violar derechos de servidores públicos”, incluso actos que amenazan al Pacto Federal.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado exhortó a la SCJN a resolver de manera inmediata la controversia alrededor del gobernador de Tamaulipas. A través de un comunicado, los panistas publicaron un punto de acuerdo “urgente y obvia resolución” de la controversia constitucional 50/2021 presentada por la interpretación de la fracción V del artículo 111 Constitucional y los efectos pretendidos de la declaración de procedencia contra gobernadores de las entidades federativas, así como la 70/2021 en contra de posibles actos judiciales consecuencia de esta declaración”. Éste fue presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

En este contexto, consideraron que “el proceso de declaración de procedencia contra el gobernador del estado de Tamaulipas y la interpretación de sus consecuencias por parte de la Federación pueden sentar un precedente perverso para iniciar acción penal de manera indebida contra otros mandatarios de cualquier estado de la República”.

Además, advirtieron que las autoridades pretenden actuar bajo consideraciones políticas por encima del derecho de los servidores públicos o sus entidades federativas. “No podemos permitir este tipo de prácticas para atacar a los adversarios políticos”, agregaron.

Fuente: Portal informativo Infobae. 9/08/2021.