Riesgosa gasera, una “fuga” de autorización de Federación

 

                                                Por Javier Claudio

 

            Los niveles de autoridad de la Federación deben tener la coordinación con el Gobierno Municipal en toda autorización de negocios que representen una situación de riesgo para la ciudad, afirmó el abogado Braulio Hernández Hernández.

            Señaló que aun cuando ambas instancias son gestión de autorización de negocios de riesgo, no se deben anteponer, sino debe existir una coordinación en aras de asegurar todas las medidas de protección para la ciudadanía.

            Expuso como ejemplo el caso de la empresa Gas Rodríguez, ubicada en Tomás F. de la Garza y Dr. Mier en la colonia Roma, que solo por el hecho de haber autorizado la Federación la Norma Oficial Mexicana (NOM), pasan por alto la coordinación con el Municipio para asegurar que no será establecido bajo riesgo de habitantes del sector este negocio.

Observó como una incongruencia del Gobierno Federal, determine como zona comercial donde aún está sumamente poblado de residencias y otorgue una NOM, que además es esgrimida por los dueños de los negocios de riesgo para pretender estar por encima de lo que marca el marco jurídico de los Municipios.

“Hay que entender que hay negocios que representan mayor riesgo que otro; en el caso de las gaseras obviamente se trata de un giro sumamente riesgosos y por lo tanto deben cumplir mayores requisitos y de seguridad para la población”, comentó.

Calificó que este hecho, representa un tropiezo al orden, pues la autorización otorgada por el Gobierno Federal en el establecimiento de ese tipo de empresas de riesgo, no debe subestimar lo que contempla la reglamentación de los municipios.

“Primero debe estar la seguridad de la población, más aún si se pasó por alto que es zona residencial. Debe estar avalado el permiso por los tres órdenes de gobierno a través de Protección Civil para que evalúen y den autorización”, asentó el abogado.

Puntualizó acerca de la necesidad de realizar ajustes a la ley, con la finalidad que toda autorización de la Federación vaya acorde con los que aplican los gobiernos municipales.